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La lentitud de la Justicia Federal en Corrientes para resolver este tipo de causas y de la Justicia provincial para avanzar en las investigaciones, podría subsanare en los próximos meses con medidas dictadas desde los tribunales de Comodoro Py, donde el panorama puede ser muy diferente para quienes a esta altura saben muy bien lo involucrados y vulnerables que están.

La decisión del juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, de procesar y dictar la prisión preventiva de los exintendentes de Perugorría Jorge Corona y Angelina Lesieux junto a otros tres exfuncionarios comunales por los delitos de asociación ilícita con malversación de caudales públicos, peculado, fraude y administración fraudulenta, pegó fuerte en el seno del kirchnerismo correntino.

Muchos de cuyos integrantes son exintendentes que se saben bajo la lupa de la Justicia Federal y de la Oficina Anticorrupción por las irregularidades cometidas en el manejo de fondos de programas nacionales.

Exponentes de la política kk que razón tienen de estar preocupados algunos, especialmente cuatro exintendentes de municipios grandes, sobre quienes el círculo comenzó a cerrarse después de las últimas declaraciones ante la Justicia Federal del exsecretario de Obras Públicas de la Nación José López, quien salió del corral de la General Paz para comenzar a dar datos de retornos en los que están involucrados no solo funcionarios nacionales y empresarios, sino también gobernadores e intendentes de extracción kirchnerista.

Los datos, que permitirían en los próximos quince o veinte días que la Justicia comience a tomar medidas concretas ya fuera de la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Santa Cruz, hablan de retornos a los funcionarios nacionales del 10% como piso para la mayoría de los fondos que llegaban de la Nación.

El 90 por ciento restante era “utilizado” según el criterio que decidían –en el caso de Corrientes– entre los intendentes y los “gestores” nacionales de esos fondos.

Perugorría es el caso emblemático, pero no el único. Allí faltan, hasta ahora sin la investigación terminada, 56 millones de pesos, cifra con la que se pudo haber hecho muchísimo por la localidad.

Allí la metodología se repetía. Carlos Camau Espínola anunciaba la llegada de los fondos y las obras; Jorge Corona primero y Angelina Lesieux después rendían los fondos con facturas de una cooperativa que ellos mismos manejaban y que hasta tenía domicilio en el mismo Municipio.

Algunas obras se hacían a medias, otras ni siquiera se comenzaban pero igual se rendían como finalizadas, incluso llegándose al extremo de adjuntar fotografías de obras de otros puntos de la provincia como comprobantes. Pero el dinero desaparecía. “Lo que pasa es que parte de esa plata se ocupó para pagar la campaña de Camau”.

Las palabras de la exintendenta Lesieux grabada por sus mismos “íntimos” colaboradores se recuerdan hasta hoy y repiquetean en los oídos de funcionarios judiciales y de la OA que ya saben hacia dónde deben ir siguiendo la pista del dinero.

Otro escándalo similar que ya está en la Justicia es el de Paso de la Patria, donde el exintendente Armando Bordón aparece seriamente complicado en la desaparición de los fondos que llegaron para la construcción de las cloacas, viejo anhelo de los paseños que hasta hoy no se concreta pero cuyos fondos fueron rendidos como obra terminada, con el agravante de que la Nación reclama ahora la devolución del dinero que desapareció. Igual que a Perugorría que se le reclama por ahora el reintegro de la friolera de 11 millones.

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