El Gobierno dio el paso inicial para intervenir todos los registros automotores del país, una de las promesas de campaña de La Libertad Avanza.
El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, hizo la presentación formal para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores.
Actualmente en el país existen 1.557 registros de la propiedad automotor y, según los últimos relevamientos, se realizan unas 180.000 transferencias o inscripciones por mes, entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola.
El sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina. Vale aclarar que hay registros con mucho mayor volumen por su ubicación y jurisdicción. El sistema registral depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (Dnrpa) y funciona en la órbita del Ministerio de Justicia.
En la provincia de Corrientes existen cinco registros del automotor: 05016 Capital Nº 5, 05008 Esquina, 05009 Ituzaingó Nº 1, 05015 San Cosme y 05007 Santo Tomé.
Las críticas no solo apuntan al sistema burocrático poco eficiente, costoso y complejo, sino también porque se lo sindica como una caja política, ya que una parte de las asignaciones están relacionadas con ex funcionarios, o familiares directos o indirectos.
Dentro de los ejes de su campaña electoral, La Libertad Avanza cuestionó el modo de nombramiento de sus titulares incluyéndolos dentro de los privilegios de la "casta política" y enfatizó que forman parte de un sistema que el nuevo Gobierno desmantelaría como parte de su reorganización de los organismos públicos.
En varias oportunidades Javier Milei dijo que cerraría los registros automotores y anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos.
Una de las últimas situaciones polémicas de las que se tuvo conocimiento público, aún en el gobierno de Alberto Fernández, fue la designación de Emilce Angélica Aiello, concuñada del por entonces ministro de Justicia, Martín Soria, como interventora del Registro Nº 3 de Centenario, un registro estratégico porque tiene jurisdicción sobre la zona de Vaca Muerta.
"Son entes designados a dedo, de amigos del poder político, y aquí no hay distinción de colores políticos, porque esto ocurre desde hace décadas y hay registros en todo el país, cuyos titulares son personas que tuvieron o tienen vinculación directa o indirecta con autoridades de todos los gobiernos", comentó un especialista.
Pero más allá de ese cuestionamiento, el problema que tienen los registros se podría dividir en dos claros puntos: el primero está relacionado con el mal funcionamiento en sí del sistema registral de vehículos; y el segundo en sus costos.
En total estos trámites tienen un costo aproximado al 6% del valor del auto y uno depende del otro, porque a más trámites, aranceles y sellos, más costos para los usuarios. En principio hay que saber que si un auto es de origen nacional paga el 1,5% de arancel de transferencia, y si es importado paga 2%.
El gran cuestionamiento que se hace sobre el funcionamiento del sistema de registraciones de vehículos en Argentina es la complejidad asociada a la cantidad de formularios, ya que cada uno de ellos requiere presencialidad, incluso para la firma del 08, el formulario de transferencia, que aunque es digital, eso es solo para adelantar el trámite y precargar los datos de vendedor y comprador, pero que se debe firmar en forma manual.
"En Argentina hay que pasar por seis ventanillas para hacer los trámites. En Chile y Perú es solo una y en México son dos.
En EE.UU. es una sola, pero a la que se concurre después de haber hecho toda la operación entre vendedor y comprador, quienes no tienen siquiera que ir juntos porque uno va a retirar el título y otro a entregar un formulario en el que dice que ese auto ya no es de su propiedad desde la fecha que lo entregó y firmó los papeles de venta", cuenta un experto del mercado de autos usados.
El sistema norteamericano aporta un modelo distinto también desde lo conceptual. La matrícula o patente es del conductor y al vender el automóvil se entrega sin esa identificación legal, de modo tal que el comprador tiene que colocar sus placas, y si no las poseyera, es un gasto que tendrá que hacer por única vez al comprar su primer vehículo.
Así, las multas o deudas no son del automóvil sino del dueño, entonces no es necesario pedir libre deuda como ocurre en Argentina.
